Es costumbre, en los círculos críticos del ámbito cultural valenciano escuchar comentarios sombríos sobre la gestión cultural en España y muy concretamente en la Comunidad Valenciana. Una de las primeras objeciones, identificadas por unanimidad en estos entornos, señala la dificultad financiera y teórica de poner en marcha, con absoluta independencia, proyectos originados en el seno de la sociedad civil. Prácticamente la totalidad de estas iniciativas culturales se ven obligadas a mantener una alianza con los órganos de poder gubernamental destinados a estas tareas. En esa coalición la actividad planteada suele devaluarse debido a los ajustes que recibe por parte de la Administración, que pondera criterios ideológicos frente a creativos. Aún más, en la mayoría de las ocasiones, las instituciones públicas imponen la integración de cargos públicos en estos proyectos para legitimar así su gestión política.
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¿Cómo podemos articular en nuestra provincia y región mecanismos que desliguen la cultural de los intereses políticos? ¿Qué responsabilidad tienen los gestores y técnicos culturales, y la sociedad civil?
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